JUEZ  CHAQUEÑO, POR PEDIDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, SUSPENDIO LOS PERMISOS FORESTALES

Era el único sector que en medio de la emergencia hídrica que golpea a la agricultura, seguía generando mano de obra en los departamentos Almirante Brown y Guemes, dicen los productores forestales.  En medio de esta situación, el Juez Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, el  Julian Flores, ante una interposición de un recurso de amparo  de Gustavo Corregido, resolvió una medida cautelar contra el Gobierno Provincial ordenando la suspensión de los permisos de cambio de uso de suelo (desmontes) otorgados en una  determinada zona de nuestra provincia.

Estos permisos, se concentran en el Departamento Almirante Brown, donde se encuentra el polo de desarrollo agricola de la provincia del Chaco, con predominio de suelos de capacidad agricola, un regimen lluvias excepcional este ultimo tiempo, que ultimamente registró grandes inversiones del sector agroindustrial, especialmente de empresas relacionadas a las maquinarias y tecnologia aplicada a la agricultura.

Se recuerda que el propio presidente Macri, asistió historicamente a la localidad de Pampa del Infierno para la inauguración de un complejo multimodal y una planta de acopio con de cereales y oleagionosas de una de las empresas mas grandes del pais, y sudamerica.

 

El fallo

La medida judicial,  según se pudo saber, no se sostuvo en un informe oficial, o de rigor cientifico, sino en  notas periodisticas que reflejan opiniones, incluso de algunos diputados oficialistas con gran desconocimiento de la realidad del agro.

Se percibe, que en la decisión no se tuvo en cuenta la opinión ni la intervención del Ministerio de Producción, o de la Subsecretaria de Recursos Naturales, quien es autoridad de aplicación en la materia.

 

LA INICIATIVA DE CORREGIDO

 

Lo mas preocupante, es la iniciativa del Defensor del Pueblo que si bien en su rol de custodio de los derechos y garantias colectivas de los ciudadanos, y pese a ser oriundo de la localidad de Saenz Peña, no registró una sola visita en alrededor de 10 años de su gestión con el sector productivo agricola o ganadero de la provincia que se desparrama en localidades de Pampa del Infierno, Los Frentones, Rio Muerto, Taco Pozo, Fuerte Esperanza, entre otros.

El funcionario presento un amparo sin interiorizarse de los avances que se lograron con los años en los proyectos de cambio de uso de suelo, en las medidas que lleva adelante el productor, en las exigencias y el esfuerzo que hace parra cumplir con una autorización del estado, que son cada vez mas exigentes.

Entonces nos preguntamos si el defensor del pueblo de la provincia defiende los derechos unicamente de los ciudadanos de la zona metropolitana de resistencia, o esta avocado también al interior.

Los permisos

 

En el año 2009 se sancionó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco, conforme a lo establecido por la Ley 26.331. La norma, en su art. 13, faculta al poder ejecutivo provincial, a través de los organismos técnicos específicos, a actualizar las áreas afectadas de las Categorías, y posibles ampliaciones de actividades.


En este sentido, la Resolución 236 del año 2012 del Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA), previó esta situación, y estableció la alternativa que los lotes que registren capacidad productiva y condiciones ambientales que se encuentren en una categoria de conservación mal asignada, se pueda revisar por el estado, siempre y cuando esto se sujete a un procedimiento regulado por la autoridad provincial.

La provincia, a travès de reglamentaciones regulo esta posibilidad; y así, se presentaron distintos productores agricolas de localidades como Taco Pozo, Frentones, Rio Muerto, y Pampa del Infierno, solicitando la revisión, apoyándose en las cartas de suelos del INTA, que se trata del estudio cientifico que determina la capacidad agrícola de un campo o no, para que pueda ser sometido a un cambio de uso de suelo para la agricultura.

Estos productores, presentaron estudios de impacto ambiental al estado para que lo evalue y se convocaron a audiencias publicas, que después les autorizó a los que cumplían con la reglamentación, y algunos se encuentran en plena ejecución. Ahora por una iniciativa del defensor del pueblo deberán interrumpirse.

 

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