El gobierno de Javier Milei, por decreto, modificará la ley de Glaciares con la finalidad de ampliar las áreas de explotación. ¿El próximo decreto será para la Ley Nacional de Bosques 26.331?
En la firma del pacto de mayo, del cual provincias como la de Chaco refrendó el mismo, se estableció la autonomía de los estados provinciales en la explotación de los recursos naturales.
En el caso de los glaciares, Milei habilita la explotación en zonas protegidas. En el caso de la ley de Bosques, días atrás, el ingeniero agrónomo chaqueño Miguel Ángel López, empresario y productor forestal, le hizo un pedido publico al ministro de Economía de la Nación, Federico Sturzenegger, para la derogación de la Ley de Bosques 26.331 y revisión del marco normativo para el desarrollo productivo.
López argumenta que se trata de una legislación que, lejos de cumplir con sus objetivos originales, ha generado severos impedimentos para el desarrollo económico y productivo de las provincias.
Desde su sanción, esta ley fue presentada como un instrumento para la conservación del bosque nativo, estableciendo un sistema de protección que incluía la asignación de fondos destinados a garantizar la sostenibilidad ambiental sin afectar la producción. Sin embargo, esos recursos nunca fueron efectivamente transferidos, dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad, donde la normativa sí ha sido aplicada para restringir el uso del suelo y frenar inversiones estratégicas, sin que existan mecanismos de compensación real.
El anuncio
El Gobierno anunció un cambio legal que permite avanzar con proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas protegidas por la ley de Glaciares. A través de un decreto, se modifican aspectos clave de la Ley 26.639, que establece los “presupuestos mínimos” para la conservación de glaciares y del ambiente periglaciar, señala un informe de BAE.
Decreto presidencial modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas de explotación. El decreto tiene como fin instalar industrias mineras o hidrocarburíferas en las actuales zonas protegidas.
Reservorio de agua dulce
Argentina es uno de los mayores reservorio de agua dulce de Latinoamérica, junto a Brasil. Alberga más de 16.000 glaciares, que representan reservas de agua dulce vitales. Especialistas advierten que permitir explotaciones en áreas cercanas a los glaciares podría agravar la pérdida de estos ecosistemas únicos y vitales en un contexto global de crisis climática.
La nueva disposición busca reducir las restricciones en áreas donde hoy está limitada la actividad económica. El objetivo oficial, según fuentes del Ministerio de Economía, es otorgar “seguridad jurídica” a las inversiones privadas que deseen desarrollarse en esos territorios. Las autoridades remarcaron que se exigirán estudios de impacto ambiental para cada proyecto.
Las zonas periglaciares son las que rodean a los glaciares propiamente dichos. Son espacios frágiles y fundamentales para el almacenamiento de agua. En estas regiones de montaña, el suelo permanece congelado durante todo el año, actuando como reserva hídrica. Por eso, su protección fue considerado siempre como un punto central de debates ambientales durante la última década.
Qué es la ley de Glaciares
En 2019, la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, que fue sancionada en 2010 tras una intensa discusión pública y política. En aquel fallo, se subrayó que la protección de los glaciares es responsabilidad conjunta entre Nación y provincias. La norma vigente obliga a realizar un inventario de glaciares y monitoreos periódicos del impacto de las actividades humanas.
No es la primera vez que el Gobierno intenta flexibilizar esta legislación. La intención de modificar la ley ya había estado incluida en borradores de la llamada “Ley Bases”, aunque finalmente fue retirada por falta de consenso político. Esta vez, la vía elegida es un decreto presidencial.
La medida de explotación de áreas protegidas fue impulsada desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, junto con la Secretaría de Energía y técnicos de Casa Rosada. El objetivo declarado es abrir camino a la inversión privada y facilitar infraestructura en territorios que, hasta ahora, estaban bajo fuerte protección legal.
Organismos internacionales y agrupaciones ambientales reaccionaron con preocupación. La ONU había calificado previamente una medida similar como “regresiva” y advirtió que podría afectar el trabajo de los defensores del medio ambiente.
El objetivo oficial, según fuentes del Ministerio de Economía, es otorgar “seguridad jurídica” a las inversiones privadas que deseen desarrollarse en esos territorios, dice BAE.
