“Hay que reconocer la propiedad intelectual de la genética y la tecnología”, admite la AAPA
La Asociación Argentina de Productores Algodoneros, presidida por Héctor Linke, admitió que “hay que reconocer la propiedad intelectual de la genética y la tecnología”, pero hizo una clara advertencia en cuanto a la necesidad que se elimine la propuesta de subir a un 15% por derecho a la exportación de fibra de algodón.
Con respecto al Artículo 241 que habla sobre la propiedad de la semilla y de la necesidad del pago del canon por el uso de la tecnología, Linke dijo que “estamos de acuerdo en que hay que reconocer la propiedad intelectual de la genética y la tecnología, de lo contrario vamos a seguir atrasados en este aspecto como es la situación actual, pero tenemos que considerar varios aspectos”.
El algodón no resiste más impuestos, con los precios actuales, el rendimiento promedio apenas cubre los costos de producción, por lo que los productores algodoneros, esta campaña, solo aspiramos a pagar las deudas para poder volver a sembrar el año que viene, siempre y cuando el clima siga acompañando. Si el estado nos pone 15 % de retenciones, no hay manera de cubrir los costos.
“Tenemos los costos de insumos y maquinarias en dólares a precios internacionales, y los precios de nuestra producción con retenciones. Hay países que subsidian a sus productores por el incremento de los costos, para que sigan en el campo, y a nosotros nos quieren cobrar más impuestos”, indicó.
- En primer lugar, los productores agropecuarios no podemos pagar una alta carga impositiva al Estado y pagar la tecnología a sus obtentores. Para poder pagar por el uso de estas tecnologías tan necesarias para aumentar la productividad es necesario que bajen los impuestos.
- No todos los suelos tienen la misma productividad, hay zonas donde el algodón produce entre 3.000 y 4.000 kg/ha, y hay zonas donde produce entre 1.500 y 2.000 kg/ha. Los suelos de baja productividad están en manos de los pequeños y medianos productores familiares, que han heredado sus campos de padres y abuelos, tienen más de 100 años de agricultura, y están degradados. En estos ambientes el cultivo que más produce es el algodón por su rusticidad. Si a este segmento de productores se les aumenta el costo de producción por el valor de la semilla, van a quedar fuera del sistema.
- Hay que dejar bien establecido las obligaciones que deberán tener las empresas que pretenden vender semillas con tecnologías, porque solo les interesa los negocios de alto volumen como soja, trigo y maíz, dejando de lado cultivos regionales como el algodón que se siembran 500.000 has en el país, y ese mercado es muy chico para ellos. Si el Estado no defiende a las economías regionales, las empresas privadas solo harán sus negocios. Para que ello no ocurra, se deberá establecer por ley, que la comisión directiva de la CONABIA, que autoriza el ingreso de nuevos eventos tecnológicos al país, deberá ser integrada por un representante de cada cultivo regional, para que no ocurra lo que pasó con el evento ENLIST, que se autorizó su uso en soja y maíz para el uso de 2.4 D, herbicida hormonal, altamente perjudicial para el algodón, y llegamos al escenario actual de que el 70 % de los cultivos en esta campaña están afectado por este herbicida.
- Tampoco se puede prohibir la utilización de semilla de uso propio, sin desarrollar un mecanismo de control y evaluación de los costos de la tecnología. El uso de semilla fiscalizada no puede dejar sin rentabilidad al sector productivo, y como mencione anteriormente, tenemos diferentes escenarios de productividad de los suelos, con el agravante de que esos campos menos productivos están en manos de productores familiares, que siembran solo para subsistir en el campo, no tienen perspectivas de crecimiento.
Estamos a favor de pagar la propiedad intelectual de la genética y la tecnología, pero tampoco podemos dejar que las empresas dueñas de estas tecnologías decidan, con el costo que pretenden cobrar, si una región o un segmento de productores pueden seguir sembrando o no.