ENTIDADES DEL CAMPO, EN LA VEREDA DEL FRENTE DEL GOBIERNO
Desde la Federación Agraria Argentina -dice un documento dado a conocer este fin de semana– advertimos que, en caso de votarse, el proyecto de Ley que busca subir Bienes Personales para el año fiscal 2019 impactará regresivamente en los pequeños y medianos productores.
En este marco, no podemos no decir que mientras los chacareros, las economías regionales, las Pymes y los trabajadores venimos enfrentando la recesión, especialmente el sector productivo asumió el esfuerzo de ingresar en un nuevo circuito de retenciones hacia todos los bienes exportables, mientras tanto el sector financiero sigue acumulando beneficios. Pareciera que a algunos sólo les toca pasar por la ventanilla de sacar, pero nunca en la de poner, dice la entidad federada.
Entendemos -agrega–que el camino debe ser fortalecer la economía y tener más actividad, que debemos apuntar a que haya más y mejor financiamiento para la producción, y no una nueva suba de impuestos, mucho más cuando ya hemos padecido en estos meses el aumento de los insumos y servicios, y los niveles casi delirantes de la tasa de interés.
Por eso hacemos desde FAA un llamado de reflexión a la clase política, fueron 18 gobernadores los que firmaron la cláusula del Consenso Fiscal que prohibía incrementar alícuotas. Y fue el Parlamento el que aprobó la Reforma Tributaria. Quedó demostrado que los productores, con menor presión tributaria, habíamos empezado a recuperarnos. Los números del trigo son un ejemplo muy claro, que cuando bajó la presión tributaria, casi se duplicó la superficie sembrada. Sostenemos entonces, que a más presión tributaria, habrá menos empleo y menos producción.
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE ENLACE
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifiesta su rechazo a la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en el proyecto de reforma de Bienes Personales que será tratada en la Cámara de Diputados. Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original.
Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra. Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33%, incluidas en el proyecto de presupuesto, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador.
Resulta paradójico que, en un momento en el que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país, desde el sector público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores.
Al mismo tiempo, el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto.
Antes de continuar exigiéndole al campo esfuerzos extraordinarios, el sector público debería dar señales concretas y palpables de estar verdaderamente dispuesto a recortar sus costos.