Agricultores: a pagar por el uso de tecnología en la semilla

Por Matías Longoni (Director de Bichos de Campo)

En su paso previo por Agricultura, entre 2010 y 2012, el actual ministro Julián Domínguez se cansó de prometer y anunciar que el kirchnerismo iba a impulsar una nueva Ley de Semillas para zanjar una histórica disputa con la empresa Monsanto, que reclamaba cobrar algo de los productores argentinos por su soja transgénica, introducida al país en 1996. Nada sucedió. La pereza argentina para resolver las cosas incluso llegó más allá que la propia Monsanto, absorbida por Bayer en 2018.

Pero el problema no cesó: los mejoradores de semillas (ya sean tradicionales multiplicadores de germoplasmas o los que utilizan modernas biotecnologías) siguen quejándose de que la Argentina es un país hostil a la hora de reconocer que la tecnología tiene un costo que debe ser reconocido a sus obtentores. Aquí, sobre todo en los cultivos de trigo y de soja, que son plantas autógamas, hay un eterno viva la pepa donde son muy pocos los productores que pagan una regalía por el aporte de los mejoradores, sean estos de empresas multinacionales o del propio INTA.

Para tratar de zanjar esta situación histórica, que aleja inversiones en el sector semillero local y sobre todo repercute en la introducción de nuevas tecnologías en la agricultura local, aumentando la brecha de rindes potenciales entre la Argentina y sus competidores, Domínguez ahora está pensando en cobrar un monto fijo e universal, a todos los productores, para luego compensar a los semilleros por sus ventas de variedades en el mercado.

La iniciativa oficial, timoneada por Obdulio San Martín, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y proveniente de Don Mario, una semillera argentina que logró colocar su genética de soja en muchas latitudes del mundo, fue anticipada esta tarde a empresarios del sector semillero. Fue el titular de Syngenta Argentina, Antonio Aracre, quien anticipó los anuncios de modo intrigante en su cuenta de Twitter.

“Efectivamente el ministro nos convocó para contarnos que esta ultimando los detalles para sacar por resolución o DNU el fin del uso propio gratuito, lo que pondrá en marcha una enorme cantidad de inversiones y empleos en todo el país”, contó luego el directivo a Bichos de Campo.

Según trascendidos que aguardan una confirmación oficial, lo que Domínguez anticipó a los directivos de empresas agrupadas en la Asociación de Semilleras Argentinas (ASA) fue que a partir de la próxima cosecha de granos correspondiente a la campaña 2022/23 (es decir, a partir de diciembre con la recolección del trigo y meses más tarde con la soja y el maíz), se comenzará a descontar a los productores directamente un porcentaje del valor de los granos contenidos en cada camión que vaya a acopios o puertos, para luego con ese dinero hacer frente a los pagos de regalías correspondientes a cada uno de los obtentores de variedades registradas ante el INASE.

Algo así es lo que pretendió hacer Monsanto luego de que fracasara el debate para modernizar le Ley de Semillas y se reconociera “la propiedad intelectual” a este tipo de compañías. Cuando introdujo la soja Intacta RR2 Pro (una variedad mejorada de la soja RR tradicional) pretendió hacer controles de todos los camiones en los puertos. Pero en aquel momento el Estado se resistió y armó un sistema mixto llamado Bolsatech, que ya cumple siete años y le permite saber al INASE qué tipos de variedades de semillas llegan a los puertos.

Según versiones que pudo conocer Bichos de Campo, la regalía obligatoria será descontada incluso a aquellos productores que hayan sembrado un cultivo con semillas de “uso propio”, por lo cual este derecho ancestral que tienen los agricultores a guardar parte de su cosecha para utilizarla como simiente comenzará también a ser oneroso. La única excepción podrían ser los pequeños agricultores registrados debidamente en el RENAF, el registro de la agricultura familiar.

Con la recaudación obtenida por esa nueva “tasa” o retención obligatoria aplicada sobre la producción primaria de granos (habrá que ver cómo se determina ese monto, pero se estima podría llegar al 2% del valor bruto de la carga), el Ministerio de Agricultura conformaría un fondo para retribuir a las empresas semilleras por las variedades cultivadas en el país y las que puedan introducirse a futuro. Esta es una idea que alguna vez barajó el ex secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, pero que tampoco prosperó. Él la había bautizado como “fondo tecnológico”.

La distribución entre las empresas sería por el tipo de variedad efectivamente sembrada por los productores, y no por la semilla registrada declarada ante el INASE, ya que hay un universo muy grande de campos que se siembran con semilla no certificada. Pero los productores también están obligados a declarar la variedad sembrada ante el SISA, sistema que maneja la AFIP, y esta información podría ser fácilmente chequeada con test genéticos o análisis fenológicos sobre los granos de los productores, para determinar qué sembró cada uno. A partir de allí se podría hacer un prorrateo.

La novedad, que sería realmente disruptiva de confirmarse, se conoce luego de que varias de las principales empresas semilleras del país lanzaron un programa para estimular el uso de semillas registradas entre los productores, que sirve de marco para el desembarco masivo en el país de la tecnología Enlist en soja (son semillas modificadas para resistir las aplicaciones de varios herbicidas, incluido el 2,4D).

Los interrogantes, sin las precisiones del caso, pasan por saber no solo el costo de esta regalía universal que se cobrará a los productores, sino también la reacción de las entidades rurales. Por otro lado, resta conocer si la propia industria semillera aceptará la iniciativa oficial, por cuanto este sistema les aseguraría un ingreso fijo por regalías, pero que quizás no retribuya por completo la tecnología introducida en cada una de las semillas.

El próximo martes se realizará una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase) para exponer el tema a los representantes de los productores que integran ese ámbito, quienes son, en definitiva, los que realizarán la nueva contribución obligatoria.