El campo se unió en el Chaco y le pide a Milei que valide el OTBN

Luego de enfrentar en la gestión anterior del Chaco la férrea oposición del Ministerio de Ambiente, el sector productivo primario logro avanzar con un mapa actualizado del ordenamiento territorial que luego, ya con un terreno político más afín a lo que se planteaba al asumir Leandro Zdero que bajó línea a sus diputados provinciales, ahora el campo, unido, le pide a Milei que valide el OTBN.

Todo empezó con el trabajo del sector de la foresto industria, el INTA y los ingenieros agrónomos que rápidamente lograron el apoyo de FECHACO. En medio de este proceso, y previo a las audiencias públicas, se extravió la computadora donde se había trabajado el mapa por regiones, en un escándalo que nunca se investigó.

A través de una carta dirigida al presidente Milei, el campo chaqueño explica el proceso que inició la actualización del OTBN, su interrupción y la necesidad de cuidar los recursos naturales de la provincia y evitar actos ilegales que atentan al territorio chaqueño.

Luego de más de tres años de idas y vueltas, se aprobó en la Legislatura de Chaco el OTBN Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, tan esperado por productores, pequeños y grandes, forestales, y todo el sector productivo que forma el desarrollo de la provincia del Chaco.

AMPLIO APOYO AL PEDIDO

La FECHACO y las entidades representativas del sector ganadero, agrícola y forestal e instituciones afines, como el Consejo de Ingenieros Agrónomos del Chaco; FECHASORU; la Asociación de Productores Forestales del Oeste Chaqueño; la Sociedad Rural del Chaco; CHAFOR; PAPIF; INTA y Productores Forestales e Industriales del Chaco ratificaron el acompañamiento respecto a la actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) provincial, en el marco de la Ley Nacional N° 26331.

La primera audiencia publica sobre la actualización del OTBN realizada en Los Frentones, en la sede de la AEFOCh

TODO COMENZO EN 2020

La nota inicia explicando que el proceso de actualización de OTBN comenzó en 2020, pero se vio interrumpido por “severos ataques y estrategias mediáticas”, manteniendo así “a la provincia en la ilegalidad”, asegurando que los años donde hubo un aumento en los desmontes ilegales se debieron a “la falta de permisos de cambio de uso de suelo ocasionados por la falta de la actualización del OTBN”.

Así se peleó, casi en soledad, desde el sector foresto industrial pidiendo al entonces gobernador Jorge Capitanich por la actualización del OTBN. Sin embargo, desde su propio Ministerio de Ambiente se combatió al pedido del sector. Pero la base técnica y productiva como sustento pudo más, y con apoyo de la mayoría de las instituciones, se logró consensuar un mapa que lo aprobó la mesa técnica.

El texto explica que en 2022 y 2023, se trabajó en la actualización, siguiendo lineamientos de la Resolución N° 236 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). Se diseñaron mapas digitales con información necesaria sobre bosques y recursos naturales; se brindaron datos sobre capacidad productiva, suelos, áreas protegidas, entre otros y se delineó un “marco metodológico para la valoración y ponderación de los criterios de sustentabilidad que enumera la Ley N°26331”. Se convocó a una mesa técnica conformada por instituciones como INTA, UTN, UNNE, Consejos Profesionales del Estado Nacional, Provincial y de entidades rurales.  

LAS CONSULTAS PÚBLICAS

En este marco, el texto también subraya que se realizaron procesos de consultas públicas y en este punto remarcan que “este proceso implica una verdadera propuesta sólida de la provincia del Chaco con una base metodológica en base a las realidades técnicas de sus recursos naturales, única en los OTBN de las provincias, siendo que ninguna presentó y fundamentó hasta la fecha una actualización en base a estos criterios técnicos exigidos por reglamentación, pero que sin embargo lograron su aprobación”.

Sin embargo, continúa el documento, en tanto la actualización del OTBN continúe sin ser acreditado y autorizado, “los permisos no podrán ser presentados y sometidos al proceso de evaluación ambiental que exige la ley N° 26331 previo a su autorización” y de esta forma “se promueve la ilegalidad siendo cumplimiento imposible la implementación de la ley”.

SEVERO ATAQUE MEDIATICO

Por último, el documento manifiesta que, ante un ataque mediático de los últimos años y últimos días por parte de organizaciones con gran poder económico “es necesario defender nuestros recursos, el trabajo y el sustento de nuestros ciudadanos”.